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l último mes del año
funciona como portal para poner todas nuestras promesas y propósitos (cumplidos
o no) para que en las últimas instancias del año, y los primeros días del
próximo ciclo las cumplamos a como dé lugar, sin embargo, cuando se habla de
las promesas u objetivos de una campaña política que se deben acatar al pie de
la letra para el bienestar de una población que lleva décadas esperando por un
real “cambio significativo”, esas promesas son de la más necesaria y
fundamental índole, porque se juega la vida y el trayecto de un país.
Han pasado 308 días,
desde que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento asumiera el cargo del Poder
Ejecutivo y tuviera entre sus objetivos principales de campaña la incorporación
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) al Poder
Judicial que es uno de los ejes del Estado artífice de un sinfín de
circunstancias que en vez de brindar un sistema judicial eficaz y eficiente que
propugne la democracia y sobre todo la transparencia en la aplicación de
sentencias, lo único que ha hecho es degradar el sistema a un cúmulo imberbe
que no hace cumplir la ley imparcial como debe ser.
Tras la puesta en
práctica de la solicitación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
población, así como muchas organizaciones y grupos de sociedad civil, sector
privado y público en conjunto elogian la acción de poner punto final a una era
dominada por los típicos cacicazgos oligárquicos de múltiples vertientes
políticas del siglo XX nacidos del secretismo y de optar a un entorno tóxico de
gobernabilidad sustentable. Así fue. Los hechos se tornaron días, y estos a
meses. Nada de la CICIH, a pesar de que mucho se sigue escuchando desde la
Cámara Legislativa.
No hay que imaginarse en los comentarios puestos en el borrador enviado desde Honduras con destino a Nueva York el pasado mes de agosto, porque las pautas que plantea el Gobierno penden de entre palabras que no acaban de ser del todo certeras, además de que en un determinado punto, esas pueden que no sean del todo los epítetos usados por el hemiciclo legislativo, sino las de alguien más que hacen frente a lo comentado por la Representante de las Naciones Unidas, Alice Shackleford concerniente al “tema de la imparcialidad e independencia del mecanismo”.
Una cosa es alabar las futuras acciones de la CICIH sobre lo dejado por la era del cacicazgo oligárquico tóxico como sistemático y otra cosa es hacer ver las posiciones que a veces elige el Gobierno en aras de intereses particulares que pueden o no corresponder a los propósitos para los que se trabaja. Hay demasiadas incógnitas que invitan a una reflexión más detenida, pero no se puede dejar atrás el carácter común del hondureño como del latinoamericano en general de dejar todo a último momento y que retrata la enorme tardanza de la instalación de la CICIH en el país.
Las promesas están
puestas, las acciones dejadas a medias, una situación ríspida a grandes
escalas, y un espíritu de prosperidad en cíclico debate por el Estado y una
población que naturaliza todo lo que pasa tras bambalinas del poder. La CICIH
es la oportunidad que la administración Castro Sarmiento no puede darse el lujo
de perder si es que realmente quiere un cambio trascendental en su llamado
periodo del “socialismo democrático”. Y pensar que este comentario estuvo
inspirado en lo dicho por una dama artificial.
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